Un preocupante panorama de malos manejos de los recursos públicos en los 8 departamentos que conforman la Región Caribe, encontró la Contraloría General, que informó en un balance de las audiencias públicas realizadas de forma simultánea en las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Montería, Sincelejo , Riohacha y San Andres.

"Varios de los hallazgos y procesos fiscales que ha detectado y tramita la Contraloría General de la República han  sido de impacto nacional: Electricaribe, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y los Carteles de la Hemofilia y de los Enfermos Mentales, entre otros. Pero también aparecen irregularidades que se han descubierto por las fallidas sedes de la ESAP en Santa Marta y de la Corporación Ambiental Coralina, en San Andrés, o los sobrecostos que se dieron en la compra de predios para poner el Sistema de Transporte Masivo Transcaribe, entre muchos casos", informó la entidad de control.

Atlántico

Se destacan 2 procesos de responsabilidad fiscal quese abrieron a Electrocaribe, uno por $6.078 millones (ejecución ineficiente de contratos PRONE y FAER) y otro por $2.771 millones (incumplimiento del contrato para ejecutar el Proyecto de Normalización “Tiquisio Segunda Etapa”, en el municipio bolivarense del mismo nombre).

Un proceso relevante es el que se le abrió, por $3.355 millones, a 3 ex directores de la Aerocivil (Juan Carlos Vélez Uribe, Ernesto Huertas Callón y Fernando Sanclemente Álzate), por hechos relacionados con la reversión de los bienes entregados en concesión por la Aerocivil al Concesionario del Aeropuerto de Barranquilla (ACSA).

En este caso, la pista de ese terminal aéreo fue devuelta al estado en condiciones de servicios inferiores a las que tenía al momento de su entrega (en 1997).

En cuanto al PAE, se destaca la apertura de seis procesos de responsabilidad, por un daño patrimonial que suma $2.258 millones: 2 en el municipio de Soledad (que totalizan $1.703 millones) y 4 en el municipio de Malambo (por $554 millones).

Vale destacar que, en el ejercicio del control fiscal que desarrolló en el primer semestre de 2017, en el Atlántico, la CGR detectó hallazgos fiscales por $99.123 millones.

Y en una Actuación Especial que se adelantó a la Central Gecelca 3, ubicada en el municipio de Puerto Libertador (Córdoba), se determinó un hallazgo fiscal por $97.602 millones, debido al lucro cesante ocasionado por los incumplimientos en que incurrió el contratista chino Consorcio CUC-DTC, China United Corporation y Dongfang Turbine Co. Lda., durante la ejecución de las obras de ingeniería en esta planta térmica.

Bolívar

Procesos de responsabilidad fiscal por $287 mil 961 millones de pesos, adelanta la Contraloría General a través de su Gerencia en el Departamento de Bolívar. Durante el último año ha iniciado 84 procesos cuya cuantía asciende  a más de  $41 mil  millones de pesos.

Entre los procesos de mayor relevancia en curso se encuentra el relacionado con Transcribe, por un presunto sobrecosto en  la adquisición de predios para la construcción de las vías y andenes del Sistema de Transporte Masivo por valor de $32 mil 870 millones de pesos.

También está el posible sobrecosto del emisario submarino en la ciudad de Cartagena, por un monto de $19 mil millones de pesos; e igualmente un proceso por más de $24 mil millones de pesos contra la Aerocivil para el cumplimiento de la acción popular por la compra de predios aledaños al aeropuerto Rafael Núñez sin que hasta la fecha se hayan pagado la totalidad de las obligaciones impuestas, entre otros.

Al Distrito de Cartagena se le adelantaron actuaciones especiales encontrando varios hallazgos fiscales, uno de ellos por $2.637 millones en el Contrato No. 6-041172 de 2014, suscrito con Consorcio Vial Urbano, cuyo objeto fue la Construcción y Rehabilitación de Vías en la Localidad de la Virgen y Turística del Distrito de Cartagena de Indias. La firma contratista, no ejecutó a cabalidad sus obligaciones contenidas en el contrato dejando obras que no prestan ninguna utilidad.

Magdalena

La CGR busca determinar responsabilidades fiscales por daño patrimoniales que afectan a entidades como el Distrito de Santa Marta, el Departamento del Magdalena, la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y el municipio de San Zenón. Esto en los casos más cuantiosos, que suman posibles detrimentos por más de $17 mil millones, de los cuales $4.521 millones corresponden a un tema relacionado con la Escuela Superior de Administración Pública ESAP.

Cesar

El Cesar ha sido unos de los departamentos de la Costa donde la CGR ha adelantado varias acciones para salvaguardar los recursos públicos del Programa de Alimentación Escolar (PAE):

Por irregularidades que ha detectado en este tema, el organismo de control ha abierto en este departamento 13 procesos de responsabilidad fiscal por una suma total de $8.518 millones de pesos, que involucran como presuntos responsables a más de una docena de funcionarios, exfuncionarios y contratistas, entre quienes están el Gobernador del Cesar,  Francisco Fernando Ovalle Angarita, y el Alcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez.

Córdoba

Procesos de responsabilidad fiscal por una cuantía total de $90 mil millones de pesos, adelanta actualmente la Contraloría General de la República en el departamento de Córdoba.

Dentro de estos procesos se destacan los que se abrieron contra el ex GobernadorAlejandro Lyons Muskus, por $3.626 millones, y el actual Gobernador, Edwin Besaile, por $1.525 millones.

El primero por las irregularidades evidenciadas en los pagos efectuados por la Gobernación del departamento durante la vigencia 2015, a favor de diferentes IPS de la región, por supuestos tratamientos y terapias basadas en neurodesarrollo. Y el segundo por los mismos hechos que en su momento dieron origen al denominado Cartel de la Hemofilia.

Otro proceso relevante que adelanta la CGR en Córdoba, por $4.158 millones, donde la entidad afectada es la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS), tiene que ver con el no funcionamiento y total deterioro de las Plantas de Tratamiento Residuales PTAR contratadas para los municipios de Puerto Libertador, San Bernardo del Viento y Ayapel (contrato de obra No. 029 del 29 de octubre de 2010).

También se adelanta un proceso por $2.524 millones, que se originó en presuntas irregularidades presentadas en el Instituto de Seguros Sociales –Seccional Córdoba, por concepto de recaudo de remanentes financieros.

El siguiente proceso significativo, por $2.497 millones, y relacionado otra vez con la CVS, se da por la ineficiente e ineficaz inversión realizada en el Proyecto de Construcción de la Primera Etapa del Relleno Sanitario, en el Corregimiento de Canta Gallo, en el municipio de Ciénaga de Oro.

En este caso, el presunto menoscabo del erario público se da por el valor del anticipo ya pagado y recibido.

Procesos por irregularidades en el PAE

Los procesos de responsabilidad fiscal por irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Córdoba, suman $1.424 millones: 4 en Sahagún (por $745 millones), 3 en Lorica (por casi $444 millones) y 2 en Cerete (por $235 millones).

Sucre

La Gerencia de la Contraloría General en el departamento de Sucre, avanza en una indagación preliminar  por supuestos  niños fantasmas detectados  en auditoria al Instituto de Bienestar Familiar, en la cual se establecieron 28 hallazgos fiscales por cuantía de más de $564 millones y 30 hallazgos disciplinarios.

Esta indagación preliminar tiene como propósito  establecer la posible incidencia fiscal de un hallazgo en donde hay  contratos en los que se cancelaron cupos a las Entidades Administradoras del Servicio por  6.678 niños presuntamente inexistentes.

El Caso del Cartel de Enfermos Mentales

Por este tema,  en Sucre  la CGR dio apertura a un total de 12  procesos de responsabilidad fiscal por más de $4.800 millones de pesos. El exgobernador de Sucre, Julio Cesar Guerra Tulena,  está involucrado en uno de los procesos. 

El “Cartel de los Enfermos Mentales” se originó en pagos irregulares efectuados por la Gobernación de Sucre, con recursos del Sistema General de Participaciones – SGP-, a favor de varias IPS, con base en documentación falsa y sin que se hubieran practicado a los supuestos pacientes los tratamientos que se estaban facturando.

A pesar de la gravedad de las irregularidades e inconsistencias, los funcionarios de la Secretaría de Salud de Sucre continuaron avalando dichos cobros y expidiendo las resoluciones de pago, que después fueron suscritas y pagadas por el mismo Gobernador Julio César Guerra Tulena.

La Guajira

Procesos de responsabilidad fiscal por  más de $175 mil millones de pesos adelanta la Contraloría General de la República en La Guajira.

En total son 306 procesos, de los cuales 16 corresponden al Programa de Alimentación Escolar-PAE-,  por valor de $20 mil 500 millones de pesos

Entre los contratos de PAE investigados, se encuentra el suscrito por la gobernación de La Guajira en el  año de 2015 para suministro de complementos alimentarios  a estudiantes de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media de los quince  municipios del Departamento y el que se determinaron sobrecostos en valor de las raciones contratadas.

Igualmente se adelanta un proceso por un  contrato  firmado por la Gobernación de la Guajira en el año 2014 y en el que se evidenciaron sobre en el complemento de los desayunos y almuerzos para los escolares.

También se encuentra en curso proceso por cuantía de más de $ 1.712 millones, por  presuntas irregularidades en la ejecución del Contrato de Obra No. 002 de 2013, suscrito para la construcción de un sistema de acueducto y alcantarillado sanitario para el barrio Villa Sara del municipio de Manaure.

San Andrés

Un proceso de responsabilidad fiscal por $3.697 millones de pesos adelanta la Contraloría General de la República en San Andrés, por las irregularidades presentadas en la construcción de la nueva sede de la Corporación Ambiental Coralina, que celebró un convenio con Fonade, para la construcción de una nueva sede en diciembre de 2005, sin que a la fecha se haya entregado dicha obra y se haya puesto en funcionamiento, con el agravante de que, según estudio patológico, la obra se debe demoler en su totalidad ya que resulta inservible. 

Otro proceso de responsabilidad fiscal relevante, por $1.799 millones, está relacionado con la ejecución del contrato No. 100 de 2008, suscrito entre el Ministerio del Interior y de Justicia y la Unión Temporal Seis Nacional 2008.

Según lo establecido por la Contraloría, existen evidencias según las cuales el Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad SIES-Subsistema 123 y CCTV fue instalado en la isla de Providencia, pero pese a ello no se encuentra en funcionamiento en la actualidad.